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Originally posted 2017-04-23 12:46:15.

En España, como en cualquier otro país, la corrupción es algo que viene de lejos. Desde tiempo inmemorial la gente con poder o influencia ha practicado las innobles artes del nepotismo, el soborno y el fraude, pero el tema se agrava cuando de actitudes personales se pasa a actitudes colectivas que se practican con descaro, impunidad y sin mesura. Aquí hemos llegado a un punto donde el fraude fiscal proveniente de la economía sumergida, y en general de todo el dinero negro al que llamamos B por delicadeza, alcanza cifras astronómicas que solo logra igualar Italia en todo el mundo desarrollado. Se cifra en 40.000 millones de euros lo evadido cada año, cantidad equivalente en un solo año a todo el coste del rescate bancario, superior al déficit presupuestario que nos ha llevado a realizar dolorosos recortes y a congelar las pensiones los tres últimos años, y que también eleva la prima de riesgo encareciendo la Deuda Publica. Para hacernos una idea baste recordar la alegría de Albert Rivera cuando consiguió una partida presupuestaria de 4.000 millones destinada a temas sociales ¡Pues el fraude es 10 veces más!

Ahora hay jueces actuando contra los corruptos pese a las presiones que reciben, a que a veces son cambiados, a que en ocasiones la fiscalía dificulta su acción, o incluso a que dimiten por falta de medios, como hace el juez Eloy Velasco, instructor del caso de la Operación Lezo, y pese al intento del poder para que sean los fiscales quienen instruyan los casos. Es loable este esfuerzo personal, pero las consecuencias del dedo que nombra Tribunales y Fiscales son nefastas y paralizan el consenso de una verdadera independencia de la justicia, de la eliminación de aforamientos, o la creación de leyes de transparencia eficaces. Muchos esperamos que la ausencia de una mayoría absoluta lleva al PP a cumplir sus compromisos de investitura con Ciudadanos y que un PSOE más sensato no lo impida. El hecho es que la situación actual es insostenible con procesos que duran 8 o 9 años o más, o a que esperemos meses por una condena de la que ya se ha emitido sentencia. Esto consigue que en un sistema tan garantista como el nuestro, pocos políticos visiten la cárcel o lo hagan por poco tiempo. Con todo nadie se atreve a profundizar en la raiz del problema, la que de verdad abre el camino a la solución.

La clave es dilucidar si estamos ante hechos individuales, por muchos que sean, lo cual afectaría a personas que aceptan sobornos por favores o contratos, o si hay un pago obligado sea quien sea el beneficiado, una especie de impuesto revolucionario que serviría para la financiación ilegal de los partidos. La primera opción es grave por las cifras y el número de casos que se descubren, pero la segunda es gravísima porque obliga a las empresas a que para sobrevivir deban generar el dinero negro que nutriría las Cajas B con las que pagar sobresueldos y campañas de los partidos. Ese dinero circulando sería el causante de que haya dinero negro en el mercado afectando a la economía doméstica, al sin IVA. Con imputados en todos los partidos que han tenido alguna cuota de poder, nacionales o nacionalistas, de derechas o de izquierdas, y hasta sindicatos, es evidente que están todos los políticos de acuerdo en empujar hacia la primera opción por muchos que sean los imputados, aveces tantos como en la Camunidad de Madrid donde Esperanza Aguirre se ha quedado rodeada de gente que salió rana cuando pensaba que eran príncipes azules. Solo se salvan de esta tendencia los partidos nuevos, Ciudadanos y Podemos, aunque este último con dudas sobre su forma de financiarse desde Venezuela o Irán. Ciudadanos con su pacto por los cambios, y sin pasado oscuro, es quien debe aguar esta fiesta donde los partidos temen que se abandone imputar a personas para imputar partidos, lo que podría llevar a su disolución y/o a la responsabilidad de los lideres, esos que ahora dicen no haberse enterado ¿Si no se enteran de lo que pasa en su casa cómo van a enterarse de lo que pasa en España? Por citar un ejemplo, si Gonzalez acepta un soborno por la adjudicacion de contratos a una empresa determinada, él es el culpable y único responsable por haberse lucrado, pero si Gonzalez crea una organización mafiosa para obligar a pagar a cualquier empresa que reciba una adjudicación, una cuota fija al partido gobernante, el culpable es el partido y su máximo responsable, además de todos los que hayan participado en la trama.

La opinión publica tiene pocas dudas, los partidos tradicionales se han financiado de flrma ilegal, y probablemente siguen haciéndolo, son responsables de la corrupción, su jefe de filas está perfectamente informado de los sobresueldos en B, y encargan en trabajo sucio a personas arriesgadas que, en connivencia con el tesorero,  nutren al partido de liquidez al mismo tiempo que se cobran el riesgo quedándose una parte. También que algunos, cegados por la facilidad con que se cobran cifras astronómicas, se animen a realizar sus negocios particulares. Lo hemos visto en el PSOE de Filesa o de los EREs, en el PP de Naseiro, la Gurtel o la Punica, o en el CDC de Pujol, y así todos o casi todos, pero esto no para. Es hora de exigir un final a la financiación ilegal de partidos políticos, de adoptar medidas para hacerla imposible, y de imponer duras penas al brazo ejecutor y al que lo mueve. Esperemos que el hábil Rivera logre consensuar con los reticentes PP y PSOE, e incluso con Podemos, un final a la corrupción organizada.

Raul Saavedra Lopez